DECLARACIÓN DE QUITO

La Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, reunida en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 16 y 17 de Julio de 1998. Con la presencia de sus miembros: Argentina, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, declaran:

1.	Que resulta imprescindible y urgente la acción de los poderes públicos de los respectivos países miembros en el dictado de normas jurídicas que, resguardando las inversiones realizadas, reequilibren los intereses de todos los que participan en la actividad automotriz: fabricantes, importadores, concesionarios, autopartistas y empleados de todos ellos, con especial énfasis a favor de la protección del consumidor, del medio ambiente y de los intereses de los propios estados.
2.	Que juzgamos conveniente ratificar nuestro compromiso de llevar a cabo aún con mayor énfasis conductas que, sustentadas en principios éticos y morales, permitan ser tomadas como ejemplo que contribuyan a la formación de una sociedad más equitativa y justa, con expresa exhortación al abandono de prácticas reñidas con aquellos.
3.	Que la actividad de los concesionarios automotores no se agota en la venta de éstos, sino que se complementa con la prestación de los servicios de venta y posventa de estos bienes de consumo durable que requieren operaciones de mantenimiento programadas y reparaciones en momentos imprevistos y lugares diversos. Que es el accionar de los concesionarios lo que viabilisa la adquisición de estos bienes, segundo en importancia en patrimonio de los usuarios, sobre la base de la aceptación de un pago parcial y en especie; por todo lo cual el sector debe obtener una retribución justa, acorde con sus merecimientos y sus riesgos empresarios.
4.	Que en aras  a la seguridad vial, la protección de las inversiones de los consumidores y su intangibilidad, como la protección de las inversiones de los concesionarios y la función social que ellos prestan, entre otros como importantes dadores de empleos, resulta conveniente recomendar: por un lado la derogación de aquellas normas jurídicas que posibilitan el ingreso de vehículos usados a alguno de los estados, y por el otro la adopción de las medidas de hecho necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las normas en aquellos estados que lo prohiben.
5.	En razón de la situación por la que atraviesan los concesionarios Ford de Uruguay, esta Asociación se siente en la obligación de acompañarlos en tal difícil momento y a ponerse a su entera disposición, así como también hacer votos para que semejantes situaciones no se repitan en el área, recomendando a sus miembros hacer conocer de inmediato la existencia de hechos análogos.

Quito, Ecuador, 17 de Julio de 1998

		José María Coronado              			Christian Magariños
		        Secretario				 	       Presidente